Hace unos días el Senador David Luna denunció, a través de su cuenta de Twitter, la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de un clausulado por medio del cual se crea “un estado espía” que obligaría a todas las plataformas digitales a compartir la información de sus usuarios.
🚨🚨El artículo 113 del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, viola gravemente la privacidad de los colombianos y la ley 1581 de 2012 que es la que ordena proteger los datos de los ciudadanos. Les cuento por qué 🧵👇🏼
— David Luna (@lunadavid) April 2, 2023
El fin de semana, el exministro de Justicia Nestor Humberto Martinez se unió a la denuncia con una columna en El Tiempo en la que advierte que la consecuencia, inevitable, de este “mico” sería la salida de WhatsApp (y de otras plataformas) de Colombia y el impacto que esto pueda tener en los más de 42 millones de usuarios de la plataforma en el país.
Y es que el tema es complejo porque, como le dije a mis amigos de Portafolio, quienes muy amablemente me pidieron mi opinión, “tal y como está escrito, y sin la necesidad de una orden judicial asociada a una investigación específica, el Gobierno quiere darle carta blanca a la CRC para que solicite no sólo la información de tráfico de los usuarios de cualquier aplicación que intercambie datos entre usuarios, sino información específica de los contenidos de dicho tráfico socavando la privacidad de los usuarios sin que, ni siquiera, sean notificados de que su información ha sido entregada“.
¿Qué le impide a la CRC, aprobado este articulito, pedirle a Tinder o a Grinder información de sus usuarios en Colombia?
¿Qué le impide a la Comisión solicitarle a YouTube el detalle de los usuarios que han visto o compartido un video específico?
¿Qué le impediría a los comisionados -por orden expresa, directa y del Presidente o del Ministro del Interior, o de la Ministra de Salud- solicitarle a Meta que entrega la información de los usuarios que han compartido posts, videos o comentarios que puedan estar en desacuerdo con el “cerco humanitario” que dejó un policía muerto o con la ponencia de la reforma a la salud?
¿Qué le impediría a la entidad pedir el detalle de todos los dispositivos que se conectaron desde un sitio específico en un horario determinado, por ejemplo para saber quienes asistieron a una marcha en contra del Gobierno?
Nada. Absolutamente nada se lo impide.
Y ese es el punto. Una cosa es pedir información estadística, agregada, de tráfico y de usuarios, “para el cumplimiento de las funciones de la Comisión de análisis y monitoreo del comportamiento de los mercados” como dice la CRC en un comunicado aclaratorio y otra MUY diferente es darle a la Comisión, so pena de la imposición de multas, el poder de “requerir para el cumplimiento de sus funciones información amplia, exacta, veraz y oportuna a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, incluidos los de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora, así como a los proveedores que ofrezcan servicios a través de Internet, accesibles desde el territorio colombiano, de video bajo demanda, de intercambio de videos generados por usuarios provistos a través de plataformas, y de servicios de intercambio interpersonal, directo e interactivo de voz, video o mensajería en línea“, sin limitar el alcance de dicha información.
En cualquier estado democrático, la información amplia, exacta y veraz de los usuarios, de sus hábitos y del contenido de sus mensajes requiere de una orden judicial. Pero aquí se plantea otra cosa muy diferente. Una cosa que no solo viola el derecho a la privacidad de los usuarios (que como bien dice Tim Cook, el CEO de Apple, es un derecho fundamental de cualquier ser humano) sino que en muchos casos será imposible de proveer por parte de los dueños de las plataformas por la forma en que están diseñadas, precisamente por temas de privacidad, sus plataformas, lo que las hará merecedoras de multas por “incumplimiento”.
El texto me hizo acordar del episodio, hace unos años, en Brasil en el que el gerente de Meta fue arrestado por un juez por no entregarle a la justicia los chats de WhatsApp de un peligroso delincuente. Chats a los que la plataforma no tenía acceso por el cifrado extremo a extremo de sus comunicaciones. El Gobierno se aprovecha del analfabetismo digital de los legisladores y pareciera querer replicar el mundo que George Orwell describió en su fabuloso libro “1984”.
Actualización: se cayó el articulito. Fue eliminado en la discusión del 11 de Abril del Plan Nacional de Desarrollo.
