Publicamos esta carta sin editarla. Fue enviada por uno de nuestros lectores. La publicamos por considerarla relevante, actual e importante. La opinión política del lector, no refleja la postura política de este blog 


No me declaro santista ni antisantista y en estas épocas de elecciones creo que lo mejor es dejar a cada quien que se deje guiar por su conciencia para escoger a su candidato. 

Sin embargo si estoy muy molesto con las estrategias que ha escogido la campaña del presidente santos para dar a conocer las ideas del candidato-presidente. Acercándose las elecciones resulta que encuentro mi cuenta de correo, el buzón de mensajes o SMS de mi teléfono y la entrada de mi casa plagada de propaganda de su candidatura. Más allá de sí apoyo o no a Santos, creo que un presidente de la república debería tener el criterio suficiente para que su candidatura al menos respete las leyes del país. Yo nunca me inscribí a la campaña de Santos ni tampoco di permiso para que me llenen de esta propaganda que ya considero basura. Parece que la campaña de Santos desconoce la existencia de la ley Habeas Data, que por cierto fue promulgada durante su mandato. 

Así que el candidato Santos se une a la larga lista de empresas que desconocen las leyes del país y que no parecen tener una superintendencia atenta a sancionar a quienes las están violando. 

Confieso que decidí interponer una queja ante la misma Superintendencia de Industria y Comercio, pero me encuentro con que primero debo solicitarle a la campaña del candidato-presidente que me retire de sus listas de seguidores, esperar quince días y sólo si las comunicaciones molestas continúan interponer una queja ante la superintendencia. En 15 días la campaña ya ni siquiera tendrá una sede ni un representante a quien pueda demandar. Será que la campaña eligió violar las leyes de manera estratégica, a sabiendas de que los tiempos eran suficientes como para poder utilizar estas estrategias impunemente? 

Ojalá que nuestras entidades de control tomen el ejemplo de Canadá, donde las multas alcanzan los 10 millones de dólares, y comiencen a tomar riendas en asuntos tan delicados como lo es la privacidad de los ciudadanos. Sobre todo en épocas precampaña durante las cuales entiendo que es prohibido realizar cualquier tipo de publicidad política.

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