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Sobre la Ley Lleras “recargada”

AWaldraff

En el marco de la cumbre de las Americas, y bajo un escenario de presión política, el congreso muy seguramente aprobará la ley 201 de 2012, mejor conocida como la Ley Lleras recargada. 

Según el Ministro de las Tecnologias de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega, se trata de actualizar nuestra legislación a las nuevas tecnologías y a lo requerido por el TLC. Y efectivamente la ley hace eso, esta blindada contra el futuro de la tecnologia y protege claramente los derechos de quienes producen (producimos) contenidos sobre las nuevas tecnologías de la información. 

Sin embargo, una lectura cuidadosa de la ley, deja la sensación de que no hay un equilibrio entre los derechos del productor del contenido y los derechos del consumidor del contenido. Por ejemplo, la ley en su artículo 17, dice específicamente que incurrirá en prisión quien eluda medidas tecnológicas impuestas para proteger el acceso o restringir el uso de obras, interpretaciones artísticas o ejecuciones, fonogramas o emisiones radiodifundidas, lo cual estaría bien, pero deja sin piso, por ejemplo, la elaboración de backups de títulos comprados legalmente o pasar canciones de un CD a Mp3 para uso en un reproductor portátil. Es decir que tendremos que comprar una versión de cada canción para el CD y otra para el iPod.

No me opongo a proteger los derechos de quienes producen contenidos, me opongo a que se patrocine un modelo de negocio basado en explotar al usuario sobre la base de restringir el uso de los contenidos en cada plataforma con el fin de obligar a los usuarios a recomprar el contenido para cada una de ellas. El problema en realidad no esta basado en Colombia, sino en el poder de lobby de los grandes productores de contenidos americanos. ¿Porque se decide seguir el modelo americano de derechos de autor, que es claramente inconveniente y no se adaptó el sueco, muchísimo mas progresista y avanzado? 

Me temo que la razón está en que es mas conveniente darle prebendas a quienes financian las campañas políticas y no necesariamente proteger los derechos de los consumidores. Muy mal gobernantes!