Es vital que se conozca que durante años, algunos defensores de la ciberseguridad han pedido una especie de “Convención de Ginebra” para la ciberguerra, nuevas leyes internacionales que crearían consecuencias claras para cualquiera que piratee infraestructura civil crítica, como redes eléctricas, bancos, así como hospitales, entre otros. Según han informado, ahora el fiscal principal de la Corte Penal Internacional de La Haya ha precisado que tiene la intención de hacer cumplir esas consecuencias, sin la necesidad de una nueva Convención de Ginebra. En cambio, ha pronunciado de forma explícita por primera vez que La Haya investigará y así mismo, procesará cualquier delito de piratería informática que viole el derecho internacional existente.
Corte Penal Internacional: Se investigará y procesará cualquier delito informático
En un artículo publicado el mes pasado, el fiscal principal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, explicó de forma detallada el nuevo compromiso: su oficina investigará los delitos cibernéticos que de forma potencial violan el Estatuto de Roma, el tratado que define la autoridad del tribunal para procesar actos ilegales, incluidos algunos como; crímenes de guerra, así como también crímenes contra la humanidad y genocidio.
Se debe mencionar que ni el artículo de Khan ni tampoco la declaración de su oficina mencionan a Rusia o Ucrania. Pero, la nueva declaración sobre la intención del fiscal de la CPI de investigar y procesar los delitos de piratería informática se origina en medio de una progresiva atención internacional sobre los ciberataques de Rusia contra Ucrania, tanto antes como después de su invasión total de su vecino a principios del año pasado 2022.
En el mes de marzo del año pasado, El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de UC Berkeley envió una solicitud formal a la fiscalía de la CPI exhortándola a considerar procesamientos por crímenes de guerra de piratas informáticos rusos por sus ataques cibernéticos en Ucrania, incluso cuando los fiscales siguieron reuniendo pruebas de crímenes de guerra físicos más habituales que Rusia ha llevado a cabo en su invasión.
Aunque la presentación del grupo de Berkeley se centró primeramente en los ataques de Sandworm en 2015 y 2016 a la red eléctrica de Ucrania, posteriormente amplió su argumento para incluir el ciberataque NotPetya de Sandworm, así como un tercer intento por los piratas informáticos para sabotear la red eléctrica de Ucrania y otro ciberataque a la red de módem satelital Viasat usada por el ejército de Ucrania, que provocó cortes de los módems satelitales en toda Europa.
Ahora bien, el hecho de que Khan no mencione explícitamente a Rusia en su artículo no quiere decir en realidad que esté evitando investigar los crímenes de guerra llevados a cabo por Sandworm u otros rusos involucrados en los ataques de Ucrania, o al menos esto es lo que ha mencionado Lindsay Freeman, directora de tecnología del Centro de Derechos Humanos. En cambio, percibe el artículo como una declaración más extensa de que las actividades de piratería informática que violan el derecho internacional se considerarán parte de cualquier investigación que lleven a cabo los fiscales.
Mientras tanto, el gobierno de Ucrania ya ha abierto su propia investigación sobre los crímenes de guerra rusos cometidos mediante ciberataques. En donde además de acusar a los piratas informáticos rusos o a sus superiores en su propio sistema judicial, ahora también se podrían suministrar pruebas de esa investigación a los fiscales de la CPI para ayudar en cualquier caso que los fiscales de La Haya presenten contra Rusia.
Por su parte, Bobby Chesney, director del Centro Strauss para la Seguridad y el Derecho Internacionales de la Universidad de Texas, ha señalado que incluso, investigar o acusar de piratería informática que se produce fuera del contexto de la guerra como una violación del derecho internacional, (como parece sugerir el artículo de Khan), sería un territorio más nuevo y que valdría la pena tomar muy en cuenta también.
Khan ha detallado, “Sin duda, seremos puestos a prueba, pero a través de nuestros esfuerzos comunes, y sobre todo la creencia de que podemos movilizar la ley en estos nuevos frentes para hacer justicia, podemos garantizar colectivamente que se forje un mundo más humano. La CPI desempeñará su papel, ahora y en los años venideros”.
