Neutralidad Tecnológica. Estoy casi seguro que usted no ha oido este término anteriormente; por lo menos no de manera directa. Y, sin embargo, estoy seguro que sí ha escuchado discusiones -a nivel gubernamental- que buscan interferir con la neutralidad tecnológica por otro tipo de consideraciones.
La Neutralidad Tecnológica se refiere a la toma de decisiones, en asuntos relacionados con temas tecnológicos, basado en estándares o criterios estrictamente técnicos. Es usar los aspectos técnicos como el único factor para tomar decisiones relacionadas con la tecnología. Es por eso que existen organizaciones de carácter mundial -como la GSMA- y dentro de sus funciones está la de definir esos estándares en los cuales lo que prima es el funcionamiento de la tecnología sin importar de donde vengan.
Es logico, ¿No?
Mmmm. No necesariamente. En un mundo en el que la tecnología es cada vez más importante y más ubicua, en que esta toca más aspectos de la economía, la infraestructura y demás, las decisiones tecnológicas incluyen cada vez en mayor proporción un componente político. Mire, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el 5G donde el claro líder del mercado -en deployment y en tecnología- ha venido siendo estigmatizado por los intereses socio-políticos del gobierno norteamericano.
Y sí, cada gobierno puede hacer lo que quiera en su país, como cuando Rusia prohibe la comercialización de iPhones en su territorio, pero el tema toma relevancia cuando un país utiliza su influencia para tergiversar las decisiones de otros con respecto a la adopción tecnológica con términos o calificaciones como “proveedores de alto riesgo” basadas en criterios que nada tienen que ver con la tecnología y, en buena parte de los casos, en especulaciones jamás comprobadas.
El costo de la falta de neutralidad tecnológica
Mire el caso del Reino Unido, que prohibió el uso de equipos de Huawei en sus redes celulares y ordenó una reducción a cero de los componentes del fabricante Chino en las redes de los operadores para 2027, presionado por el gobierno norteamericano. ¿El costo? Cerca de 3,500 millones de libras esterlinas, según el equipo de Strand Consult. Esto sin contar con la calidad de una red 5G de inferiores caracterísiticas.
¿La razón? Supuestas preocupaciones de seguridad. Sin embargo Huawei nunca ha tenido ningún incidente importante de ciberseguridad en los últimos 30 años en los más de 170 países en los que opera, no existe evidencia de que los países que usan sus productos en sus redes tengan más problemas de ciberseguridad que los pocos que no y jamás se ha podido comprobar el rumor -creado por los norteamericanos- de que existen “puertas traseras” por medio de las cuales el gobierno chino pueda tener acceso a la información que fluye por las redes donde hay componentes de Huawei. ¿Seguridad? No. Es una decisión política.
Y cuando hablo de costo no es solo de plata. En Costa Rica, recientemente, se ordenó -por medio de un decreto presidencial- la adopción de una norma de ciberseguridad llamada SCS9001 para todos los operadores y proveedores de telecomunicaciones. Esta norma es promovida por la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones de los Estados Unidos pero que aún no ha sido adoptada por ningún otro país que no sea Estados Unidos. Una norma que más que estándares técnicos se centra en el país de origen de la tecnología para justificar la adopción tecnológica y que sólo contempla un puñado de características asociadas a la ciberseguridad, razón por la cual pocos proveedores tecnológicos han certificado sus productos bajo la misma, a pesar de llevar más de 2 años.
El Decreto conducirá, esencialmente, a la exclusión de los vendedores de ciertos países como China a favor de aquellas de compañías norteamericanas, como OpenRAN, a pesar de que las mismas han demostrado ser inmaduras, más costosas y mas riesgosas (Hello, Edward Snowden!). Y, claro, conducirá a pérdidas de miles de millones para la industria que se transferirán a las finanzas públicas y a los consumidores, pero el tema principal serán las demoras y la baja calidad de las telecomunicaciones en medio de un panorama en el que las mismas son el motor de la economía y del desarrollo social.
Y no es sólo Costa Rica. En los últimos meses hemos visto desfilar a miembros del Gobierno Norteamericano por Colombia y otros países empujando enfoques que no son neutrales tecnológicamente sino que corresponden a una agenda política. En momentos como los actuales, en donde la tecnología y las telecomunicaciones se han vuelto parte esencial de nuestras vidas, es necesario que nos atengamos al enfoque tecnológicamente neutral, que las decisiones que se tomen se basen en criterios técnicos y que permita la elección, de parte de los operadores, de lo que es mejor para ellos y confiar en que el mecanismo de mercado producirá los mejores resultados a este respecto.
No podemos darnos el lujo de equivocarnos.
