Recientemente, un tribunal federal de distrito de Nueva York ha dictaminado que los agentes fronterizos de Estados Unidos tienen que obtener una orden judicial antes de registrar los dispositivos electrónicos de los estadounidenses y de los viajeros internacionales que cruzan la frontera de Estados Unidos.
Es de resaltar que el fallo del 24 de julio es la última opinión judicial que revierte el argumento legal de larga data del gobierno de Estados Unidos, la cual afirma que se debe permitir a los agentes fronterizos federales acceder a los dispositivos de los viajeros en los puertos de entrada, como aeropuertos, puertos marítimos y así mismo, fronteras terrestres, sin una orden judicial aprobada.
Agentes fronterizos de EE.UU. tienen que obtener una orden judicial antes de registrar dispositivos electrónicos
“El fallo deja en claro que los agentes fronterizos necesitan una orden judicial antes de poder acceder a lo que la Corte Suprema ha llamado ‘una ventana a la vida de una persona’”, comentó Scott Wilkens, abogado principal del Knight First Amendment Institute, uno de los grupos que presentó la demanda, en un comunicado de prensa el pasado viernes.
Vale la pena destacar que el fallo del tribunal de distrito entra en vigor en todo el Distrito Este de Nueva York, que incluye aeropuertos del área de la ciudad de Nueva York, como; el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el cual viene siendo uno de los centros de transporte más grandes de Estados Unidos.
Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), señaló que estaba “revisando” la decisión del tribunal.
“La CBP no puede hacer comentarios sobre casos penales pendientes y continuará cumpliendo con su vital misión de seguridad nacional de acuerdo con la ley y la política”, comentó el portavoz de la CBP, Justin Long.
Ahora bien, el fallo del tribunal se refiere a un caso penal que involucra a Kurbonali Sultanov, el cual viene siendo un ciudadano estadounidense a quien los agentes fronterizos le confiscaron el teléfono en el aeropuerto JFK en el año de 2022 y le solicitaron que suministrara su contraseña, lo que Sultanov hizo cuando los agentes le dijeron que no tenía otra opción. Posteriormente, Sultanov solicitó suprimir las pruebas (que aparentemente eran material de abuso sexual infantil) extraídas de su teléfono argumentando que la búsqueda violaba sus derechos de la Cuarta Enmienda.
Para ser más precisos hay que señalar que, la frontera estadounidense es un espacio legalmente difuso, en donde los viajeros internacionales casi no tienen derecho a la privacidad y donde los estadounidenses también tienen la posibilidad de enfrentarse a registros intrusivos. El gobierno estadounidense ejerce poderes y autoridades singulares en la frontera, como la realización de registros de dispositivos sin orden judicial, que las fuerzas del orden habitualmente no pueden usar contra alguien que haya cruzado a suelo estadounidense sin convencer primero a un juez de que hay sospechas suficientes para justificar el registro.
Los críticos han argumentado durante muchos años que estas búsquedas son inconstitucionales y violan la Cuarta Enmienda, la cual protege contra registros e incautaciones injustificadas de los dispositivos electrónicos de una persona.
Decisión judicial…
Es crucial señalar que en esta decisión judicial, el juez se basó en parte en un escrito amicus presentado en nombre del acusado que argumentaba que los registros fronterizos injustificados también violan la Primera Enmienda por presentar un riesgo “excesivamente alto” de tener un efecto amedrentador sobre las actividades de prensa y los periodistas que cruzan la frontera.
El juez del caso citó el escrito amicus curiae, presentado por el Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia y el Reporters Committee for Freedom of the Press, añadiendo que el tribunal “También comparte las preocupaciones [de los grupos] sobre el efecto de las búsquedas sin orden judicial de dispositivos electrónicos en la frontera sobre otras libertades protegidas por la Primera Enmienda: las libertades de expresión, religión y asociación”.
Cabe aclarar que, el juez expresó que si el tribunal hubiera apoyado el argumento del gobierno de que las búsquedas de dispositivos en la frontera no requieren ninguna sospecha, “los objetivos de la oposición política (o sus colegas, amigos o familiares) solo necesitarían viajar una vez a través de un aeropuerto internacional para que el gobierno obtenga acceso sin restricciones a la ‘ventana más íntima a la vida de una persona’”, citando este último un fallo anterior de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la privacidad de los teléfonos celulares.
Aunque el tribunal dictaminó que la búsqueda sin orden judicial del teléfono del ciudadano estadounidense, Sultanov, era inconstitucional, concluyó que el gobierno había actuado de buena fe en el momento de la búsqueda y desestimó la moción de Sultanov de suprimir la evidencia de su teléfono.
Lo cierto es que, hasta el momento no se sabe si los fiscales federales apelarán la decisión ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito, que incluye a Nueva York.
Según datos del propio CBP, la agencia fronteriza federal llevó a cabo más de 41,700 búsquedas de dispositivos a viajeros internacionales durante el pasado año 2023.
Los legisladores han intentado durante mucho tiempo cerrar la brecha legal en los registros fronterizos mediante la elaboración de una legislación predestinada a exigir a los agentes de policía estadounidenses que obtengan una orden judicial para efectuar registros de dispositivos en la frontera. La legislación bipartidista finalmente fracasó, sin embargo, los legisladores no han renunciado a colocar fin a la práctica por completo.
Dado que en los últimos años diversos tribunales federales se han pronunciado sobre registros fronterizos, es posible que la cuestión de su legalidad acabe ante la Corte Suprema, a menos que los legisladores actúen antes.
