En una época en que la tecnología parece avanzar más rápido que nuestra capacidad para asimilarla, un rincón del norte de Estados Unidos —Montana— ha decidido marcar el paso a nivel e soberanía digital. En abril de 2025, el estado aprobó el – Right to Compute Act, que reconoce legalmente lo que muchos nunca se habían planteado como un derecho: la libertad de usar poder de usar la computación de manera privada: software, servidores y sistemas de inteligencia artificial sin intromisiones arbitrarias del gobierno.
Pero, las cosas no se quedan ahí: la ley también exige que cualquier infraestructura crítica controlada por IA cuente con políticas de gestión de riesgo, mecanismos de apagado de emergencia y sistemas de respaldo humanos. Es decir, reconoce tanto la libertad de crear como la necesidad de control responsable.
¿Qué ocurrió exactamente?
La ley, firmada por el gobernador de Montana, estipula que los ciudadanos y las empresas del estado tienen derecho a poseer y operar recursos computacionales (servidores, nodos de blockchain, infraestructuras de IA) en su propiedad privada, sin que el gobierno estatal, municipal o local imponga restricciones que no estén “demostrablemente justificadas” por un interés claro en salud pública o seguridad.
Además, la normativa exige que las infraestructuras críticas gestionadas por IA tengan políticas de gestión de riesgo, mecanismos de apagado de respaldo y redundancias para evitar un control completo por sistemas autónomos.
El mensaje entre líneas: “buena suerte tratando de prohibir esto”
En un país como Estados Unidos, donde los derechos fundamentales se protegen con celo —y a menudo con litigios hasta la Corte Suprema—, la Right to Compute Act no es solo una ley local. Es una declaración que eleva el uso del cómputo a una categoría que roza el constitucionalismo digital.
Dicho en términos simples: si algún actor gubernamental —ya sea una ciudad, un condado o incluso el propio estado— intenta restringir este derecho, deberá superar los más altos niveles de escrutinio legal existentes en Estados Unidos. Tendrá que probar, con evidencia sólida, que esa limitación es imprescindible para proteger a la población. No bastará con una opinión, un temor, o una sospecha.
En otras palabras: buena suerte intentando prohibirle a un ciudadano montar un servidor o usar una IA local en su casa. La carga de la prueba ahora recae en quien quiera limitar, no en quien quiera innovar.
Las dos caras de la moneda
Como toda legislación ambiciosa, esta también plantea riesgos.
Por un lado, abre la puerta a una ola de innovación tecnocrática local. Emprendedores, desarrolladores y comunidades rurales podrán operar libremente sistemas que antes requerían permisos, licencias o autorizaciones. Se refuerza la noción de propiedad digital: quien invierte en datos, en hardware, en redes, merece garantías legales.
Además, sienta un precedente: si Montana puede hacerlo, ¿por qué no Wyoming, Texas, o estados fuera de EE.UU.?
Pero también aparecen tensiones. ¿Qué ocurre si ese “derecho a computar” se utiliza para operar sistemas dañinos? ¿Cómo se regula un nodo oscuro de IA generativa entrenado sin ética? ¿Qué pasa cuando el interés público choca con la libertad técnica?
La ley prevé mecanismos: exige políticas de riesgo y responsabilidades. Pero la velocidad de la tecnología a veces desborda incluso las mejores intenciones legislativas.
¿Qué lecciones deja para otros países o regiones?
No se trata solo de una normativa local, sino de un posible modelo sobre cómo entender el cómputo no como privilegio, sino como derecho. En esta región, donde muchos innovan desde los márgenes, el mensaje es claro: poder tener y operar recursos de cómputo sin pedir permiso puede significar una verdadera transformación, sobre todo para emprendedores en zonas rurales o colectivos que desarrollan soluciones descentralizadas.
Además, hay un aprendizaje sobre cómo legislar sin paralizar la innovación. Una ley que define con claridad derechos y responsabilidades —sin criminalizar el uso legítimo de herramientas tecnológicas— esto podría ayudar a generar certeza tanto al desarrollador como al inversor. Proyectos que hoy viven en la sombra por miedo a la regulación podrían florecer si se les ofrece un entorno legal que proteja tanto la libertad como la responsabilidad.
Pero quizá la enseñanza más profunda tenga que ver con una cultura que aún está por construirse: La computación como derecho. Porque más allá del acceso a internet o a dispositivos, lo que está en juego es algo más sutil y poderoso: el derecho a procesar, almacenar, modelar y crear desde nuestras propias máquinas. Es, en esencia, el derecho a tener autonomía tecnológica y a no depender exclusivamente de infraestructuras externas o corporaciones globales para pensar y construir digitalmente.
¿Qué viene después?
La ley de Montana es solo un punto de partida. Su implementación será tan importante como su redacción. Quedarán preguntas clave sobre cómo se regularán los nodos privados, cómo se protegerán las infraestructuras críticas gestionadas por IA, o cómo se evitarán abusos disfrazados de “derecho a computar”. Habrá que estar atentos a cómo se interpreta legalmente la ambigua frontera entre libertad digital y seguridad colectiva.
Lo cierto es que Montana ha abierto una puerta que no podrá cerrarse fácilmente. Otros estados, otros países, otras regiones tendrán que preguntarse si están dispuestos a reconocer —o a negar— el mismo derecho. ¿Seguiremos considerando el cómputo como un terreno exclusivo de grandes actores o lo asumiremos como parte del tejido básico de la libertad individual?
La tecnología no es neutral. Usada sin reglas, puede oprimir. Regulada sin visión, puede volverse una jaula. Montana ha optado por un camino intermedio y audaz: reconocer que el cómputo es tan fundamental como la libre expresión, tan esencial como la propiedad privada en el mundo físico. Ahora bien, sólo la historia dirá si esta es la movida adecuada o un gran error que abre la puerta de Pandora!
