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¿Hasta cuando las llamadas para ofrecer cosas que no queremos?

Como casi todas las leyes que se imponen en este país, la Ley de Habeas Data se quedó…

Como casi todas las leyes que se imponen en este país, la Ley de Habeas Data se quedó en una resolución de papel que nadie cumple. En la última semana he recibido llamadas comerciales por doquiera. Mi inbox también está colmado de correo electrónico basura. Estoy seguro que si 4–72 funcionara, también estaría agobiado con ofertas y panfletos que llegan y se acumulan como basura en mi casa.

Como supongo que pocos se acuerdan de qué se trata este asunto, permítanme hacer un corto recorderis sobre la Ley de Habeas Data. La Ley de Habeas Data es la implementación legal del derecho constitucional que todos tenemos a la privacidad. Recordemos que los datos personales son privados, y para usarlos, no importa el propósito ni el medio, un tercero debe pedir autorización expresa al dueño. La Ley de Habeas Data no consiste en mandar un email diciendo que si no lo contesta lo darán por aprobado. Pero parece que el asunto se quedó en eso y me atrevo a decir que a muchos se les empezó a olvidar esa parte también.

La Ley de Habeas Data nos exige a todos, empresas y personas, hacer un uso responsable de la información que tenemos de terceros. Eso significa, como primera medida, que como personas no podemos ni debemos entregar nuestra información a cualquiera. Quién la solicite, debe antes decirnos qué información necesita, para qué la va a usar y cómo la va a almacenar y cuidar. A la respuesta a estas 3 preguntas se le conoce como política de tratamiento de datos. Es importante decir que su mera existencia no supone aceptación de la misma por parte del usuario. Tiene que existir una aceptación expresa por parte de la persona para que la autorización sea válida.

En la teoría, frente a un abuso uno podría quejarse (ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y el abusador tendría que probar que la persona en efecto le dio una autorización para usar sus datos de esa manera. Dije “en la teoría”, porque en la práctica no funciona así.

Muchos se pasan la Ley de Habeas Data por la faja

En la práctica muchos abusan de la información personal, simplemente porque el estado no previó una manera viable de hacer cumplir la ley. Tras el abuso y la impunidad, la gente se acostumbra a que la maltraten y lo empieza a considerar parte del curso normal de la vida.Desde el lunes he estado haciendo un pequeño ejercicio de llevar un registro de llamadas y correo electrónicos “spam” que recibo.

En 4 días, Claro Hogar me ha llamado 2 veces al día (8 veces) a ofrecerme su servicio de televisión. Según ellos, lo hacen porque tengo un historial de crédito extraordinario. En esas 8 llamadas ya hay por lo menos 3 abusos. Primero, nunca los he autorizado a llamarme con ofertas comerciales. Segundo, nunca los he autorizado a consultar mi historial de crédito. Tercero, quien les haya proveído de mi historial de crédito, también lo hizo sin mi autorización. Con el mismo argumento de mi historial de crédito he recibido 3 llamadas del banco Finandina para anunciarme que me han otorgado una tarjeta de crédito con un cupo increíble. También me llamó el Citibank, una sola vez con la intención de venderme un servicio bancario muy especial. Descubrí además que el Citibank consiguió mis datos, porque un antiguo empleador mío, una firma consultora cuyo nombre no diré, les dio mis datos. Obviamente lo hizo sin mi autorización. Vale la pena agregar además que la firma consultora, es famosa por ser quien asegura la información privilegiada de sus clientes. Finalmente, Claro soluciones móviles también me ha llamado al menos 2 veces esta semana. Una para verificar si voy a pagar mi cuenta, y otra para ver si quiero hacer reposición de mi celular.

Por el lado del correo electrónico las cosas no son mejores. Sin contar los correos spam que filtra Gmail he recibido 17 ofertas no solicitadas de empresas que no conozco. La mayoría de ellas provienen de una lista de correos que vende la Cámara de Comercio. Si señor, la Cámara de Comercio nos obliga a pagar anualmente, para incluirnos en su lista de spam y luego venderle a terceros nuestra información. Ambientum, Mundo Gerencial, Juvenia Online, Manizales Mas, Colombia Reports, Specialized Colombia, son algunos de los abusadores que tengo en mi lista. Descubrí también que algunos de ellos me llegan a través de una compañía cuyo negocio es precisamente el de abusar con mi información. La compañía se llama Masterbase. No los conozco, ni quiero conocerlos.

Se me ocurrió llamar a una de estas empresas, Mundo Gerencial, para preguntar como habían conseguido mis datos. La repuesta fue simple: “Nosotros enviamos un correo”. ¿En dónde consiguieron mi correo?: “Son bases de datos que venimos recogiendo desde hace tiempos”.

Poner una queja es peor que aguantarse el abuso

En lugar de facilitar el proceso para el ciudadano abusado, el estado hace exactamente todo lo contrario. De acuerdo a la implementación de la Ley, la primera acción que tenemos que tomar una vez abusado nuestro derecho, es contactar al abusador y solicitar que nos elimine o cambie de su base de datos. El responsable de contestar es el encargado del tratamiento de los datos en la empresa abusadora, quien tendrá 15 días hábiles para contestar. Solo si después de 15 días de abuso no hay respuesta o si la hay, pero el abuso continúa, puede uno poner una queja en la Superintendencia.

Poner la queja es otro problema. Afortunadamente se puede hacer en línea, pero los requisitos de información que solicitan son absurdos. Hay que adjuntar pruebas, contar varias veces la historia, averiguar nombres, direcciones, teléfonos, etc.. Es tal la cantidad de trabajo que exige quejarse, que los usuarios preferimos dejar que abusen de nosotros. No me extrañaría que el Gobierno Nacional anuncie en algún momento, que la Ley de Habeas Data ha sido un éxito rotundo, pues las quejas han sido muy pocas.

Esta es la realidad de una Ley bien hecha pero mal implementada. El derecho de las cosas es que para el usuario abusado quejarse sea un asunto trivial. El trabajo de la investigación no puede ser impuesto sobre el abusado, debe ir sobre el mismo estado. ¿Las empresas han estado abusando de usted también? ¿Nos quejamos unidos?

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